¿La ley es para todos?

El proyecto de ley orgánica de defensa del artesano está en marcha. Obreros de 20 provincias del país se encuentran debatiendo para lograr una ley que ampare y permita mejorar las condiciones del trabajo artesanal en el Ecuador.

Los gestores de este proyecto, son a su vez miembros de la Junta Nacional del Defensa del Artesano (JNDA) y han promulgado velar y luchar por los intereses de sus colegas a nivel nacional.

La Junta es una institución que vela por los derechos de los trabajadores titulados y afiliados a la misma. Quienes son parte de este proyecto tendrían mejoras notables en el desarrollo de sus actividades. Permitiría la exoneración del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado (IVA), también la exoneración del impuesto a las patentes municipales y adicionales. Pero ¿Hasta qué punto pueden ser palpables estos beneficios si solo el 30% de artesanos están afiliados a la Junta?

El precio que se debe pagar para la calificación de artesanos oscila entre los $5 y $20 dependiendo del tiempo, además en una serie de documentos que certifiquen la veracidad de su trabajo. Existen pequeños mercados artesanales como el del volcán Quilotoa, donde la artesanía no es 100% rentable.

Para muchos puede resultar una cantidad importante justamente porque el trabajo artesanal no recibe la remuneración deseada por sus creadores. Para lograr efectivizar el amparo al artesano se debería comenzar por buscar la afiliación de los obreros, a fin de que el plan se ejecute con apoyo y fuerza. La constitución aprobada en Montecristi mantiene que la cultura sea uno de los pocos rubros exonerados de la tributación.

Para Inti, la artesanía es una parte importantísima de la cultura ecuatoriana por lo que no debería pagar impuestos entonces, cabe la pregunta

¿La ley es para todos o para quién puede pagar por ella?